EDITORIAL

La República de Malta, república insular del Mediterráneo independiente desde 1964, ha decidido abrir la vía al matrimonio igualitario. El gobierno maltés ha aprobado una ley que autoriza las uniones civiles permitiendo a las personas del mismo sexo acceder al matrimonio.

La propuesta pasó por el parlamento y no recibió ningún voto en contra, aunque el grupo de la oposición, el Partido Nacionalista, decidió abstenerse expresando reservas en torno a la adopción, pero su acuerdo con el reconocimiento del derecho a la unión matrimonial.

Malta es el vigésimo segundo estado de Europa que reconoce el derecho al matrimonio igualitario, aunque la religión católica en la república es religión de estado y que la Constitución no lo permitía. El Parlamento de Malta no dudó en modificar la Constitución para incluir la orientación sexual e identidad de género entre los motivos de discriminación que se prohiben.

Según el Índice de Rainbow Europa de mayo de 2013, elaborado por ILGA -Europa, Malta llegó 18 entre 49 países europeos que llevan a cabo leyes y políticas que afectan a los derechos humanos de las personas LGTB. Malta cubría sólo un 35% de las políticas y legislación que ILGA-Europa valoraba como necesarias.

En cambio, el Estado español que en el mismo índice cumple un 65% y ocupa la quinta posición dando pasos atrás. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español tenía entre sus prioridades la defensa de los derechos LGTB en el ámbito internacional. Entre las cinco prioridades de las políticas de cooperación establecía la no discriminación por razón de género y orientación sexual.

La última semana hemos visto como el Ministerio primero anunciaba la eliminación de esta prioridad en su política internacional y dos días después rectificó, debido a la presión social.

Lo que queda claro es que las prioridades de estado en las políticas LGTB dependen de voluntades políticas y que la voluntad en Europa está siendo seguir adelante, aunque no lo suficiente rápido, en el avance de los derechos de las personas LGTB, mientras la estado español quiere levar a cabo una marcha atrás inaceptable.