EDITORIAL
 
En mayo de 2011, el Tribunal Supremo del Brasil reconoció legalmente los derechos de parejas homosexuales y los igualó a los de las heterosexuales.Los partidos brasileños aún no han logrado ponerse de acuerdo para aprobar una legislación que reconozca las uniones entre gays o entre lesbianas. La justicia, en un marco legal democrático basado en la igualdad y la garantía de los derechos civiles -siempre que no haya un sesgo ideológico- tiende a reconocer los derechos del colectivo. Otro ejemplo más cercano es el de la sentencia del Tribunal Constitucional español sobre el derecho a matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta se argumentó en base a un marco legal construido en los años setenta del siglo pasado, cuando el reconocimiento legal de estas uniones no era ni entre las reivindicaciones del movimiento LGTB, que entonces tenía otras prioridades más urgentes como la despenalización y combatir la represión y la discriminación. Y aún así, fue posible.

La semana pasada hubo varias noticias sobre sentencias judiciales que en la mayoría de casos suponían un avance en los derechos del colectivo LGTB. Una sentencia del Tribunal Constitucional Alemán eliminó las restricciones que limitaban el derecho a adopción por parte de las parejas homosexuales por considerarlas contrarias a la igualdad y a su ordenamiento jurídico. Otra del Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconocía el derecho a adoptar de forma conjunta a una pareja de lesbianas austriacas que no se las había reconocido en su país, una situación que se tildaba de discriminación.

Desgraciadamente no todas han sido positivas. Hay que citar el caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico que denegó el derecho a la adopción a una pareja de lesbianas en una sentencia hecha pública durante la semana pasada. Los jueces responsables de la sentencia negaron derechos al colectivo LGTB, y lo hicieron con argumentos LGTBfóbicos, machistas y algunos de carácter religioso según recoge el medio especializado en noticias, Anodis. Aún queda pendiente un posible recurso al Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos del que forma parte Puerto Rico, un país que está en pleno debate sobre ampliar los derechos a las personas LGTB. Si un juez puede usar argumentos religiosos para negar derechos a un colectivo es que, de hecho, no hay una separación clara entre religión y política. Este caso sirve para recordar otra condición importante para lograr la libertad sexual, el laicismo suele ser un aliado para que los derechos del colectivo LGTB avancen.

En este sentido, un sistema democrático y el laicismo son condiciones favorables, pero no suficientes, para que la libertad sexual avance. No debemos olvidar que durante décadas ha habido países organizados como democracias parlamentarias que no sólo no han apoyado los derechos del colectivo, sino que han potenciado su persecución y represión. Es necesario, además, un fuerte movimiento reivindicativo LGTB que luche por su liberación. Además, hay que tener en cuenta, que jueces sólo pueden dictar sentencias favorables a la libertad sexual si hay un marco legal que lo permite. Por ello, la lucha por los derechos del colectivo LGTB, los derechos humanos y por una democracia más avanzada son, al fin y al cabo, la misma.